La comunidad universitaria balear tiene fama, entre sus mismos estudiantes, de tender poco a la movilización. El caldo de cultivo para cambiar esta realidad está servido. Las movilizaciones desde la lucha estudiantil contra el Plan de Bolonia han sido limitadas. Esto ha sido así a pesar de los recortes de presupuesto que viene sufriendo la comunidad universitaria, empezando por el recorte de los salarios de funcionarios aplicado en junio de 2010. Desde entonces, los ataques a la universidad no cesan. El Govern balear del PSOE, presidido por el señor Antich, acumula ya dos años consecutivos de recortes en el presupuesto de la universidad: un 4,4% en 2010 y un 7,5% en 2011. Antich, ante las solicitudes de ampliación de la financiación responde invitando a la comunidad universitaria a “apostar por la imaginación en estos tiempos difíciles”.
Los recortes y sus consecuencias no pueden verse de forma aislada y en este caso no pueden desvincularse del proyecto de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) propuesto en el Plan de Bolonia. Uno de los objetivos del plan es el de reducir el número de alumnos por aula, objetivo que visto de manera aislada puede presentarse como una ventaja. Sin embargo, ante los recortes en la financiación se han tenido que implantar numerus clausus en siete nuevos estudios el último año, además de recortar el número ya limitado de plazas en otros estudios. Cada vez resultará más difícil a los estudiantes baleares acceder a la universidad de su comunidad. Aún a pesar de estas medidas en algunas carreras, como Trabajo Social, existen clases con más de 100 alumnos, con un único profesor y sin infraestructura suficiente para todos ellos.
Este último es uno de los problemas que se suma a los mencionados anteriormente: la falta de espacio en las infraestructuras de la UIB. Existen planes para construir nuevos edificios pero que no se pueden acometer por la falta de presupuesto. Por otro lado, muchos estudiantes hacen uso de un edificio prefabricado que se construyó para ser usado de forma temporal pero que lleva en pie más de 10 años y que sufre problemas de estructura y está naturalmente obsoleto.
En el mes de abril, los estudiantes del grado de Trabajo Social de la UIB han comenzado a movilizarse ante la indignación por la falta de profesores, por el aumento del precio de los créditos y, en definitiva, por la mala gestión de sus estudios. Han organizado movilizaciones para trasladar tanto al rectorado como al resto de la comunidad universitaria su situación; el mensaje se ha hecho llegar a la rectora Montserrat Casas el pasado 18 de abril con manifestaciones en el acto de toma de posesión de su nuevo equipo de gobierno. El papel de los estudiantes aquí debe ser claro: apoyo a esta movilización y hacer el movimiento extensivo al resto de estudios. Los recortes en un derecho fundamental como lo es la educación los sufrimos todos en todas las carreras, ya que perdemos en cantidad -número de plazas- y al mismo tiempo, en calidad, al ir mermando los contenidos del conocimiento y el espíritu crítico. Esta perdida se genera a raíz de la falta de financiación pública que lleva a la universidad a buscar financiación en iniciativas empresariales privadas que participan, entre otras fases, en la creación de los planes de estudio con lo que el eje central de la educación universitaria deja de ser la persona y el desarrollo de su espíritu crítico, pasando a ser el capital privado y la satisfacción de sus intereses puntuales, formando a las personas según las necesidades del mercado. Como se deja ver ya, es el inicio del proceso de privatizaciones de otro pilar básico de los derechos sociales.
Esta nueva lucha acaba de empezar y necesita el apoyo de todos los estudiantes y el impulso de las distintas organizaciones anticapitalistas y movimientos sociales para dotarla de transversalidad, haciendo ver a los colectivos universitarios la necesidad de luchar juntos.
